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El presidente del Supremo reúne a los magistrados que dictaron la sentencia sobre las hipotecas

El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia en la que reconoce que el banco debe pagar todos los gastos derivados de la firma de la hipoteca. O sea la notaría, la gestoría, la tasación, el registro de la propiedad y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD).

Si el banco lo asume todo debe devolver una media de 3.000 € a cada cliente. La cantidad dependerá de cuánto pagaras en su momento, lo que a su vez depende de cuánto dinero te prestaron. No conlleva los mismos gastos abrir un préstamo de 50.000 € que de 180.000 €.

Pero, esto no acabará así, los bancos han presionado, y de momento se reunirá el Pleno del Tribunal Supremo que en unos días decidirá si se confirma el cambio de criterio sobre el pago del impuesto de las hipotecas dado a conocer el pasado jueves y que establece que es el banco y no el cliente el que debe abonar ese tributo.

Las entidades mantienen en revisión su oferta hipotecaria a la espera de que se clarifique la incertidumbre. Hay un Freno hipotecario. Mientras se clarifica el escenario y se aclara el alcance del fallo, las entidades financieras, mantienen en stand by la actividad hipotecaria. Como ya sucediera el pasado viernes, los principales bancos prologan la suspensión temporal de sus oferta de hipotecas.

Fuentes del sector financiero reconocen que el giro en la jurisprudencia del impuesto está frenando la firma de nuevas hipotecas. Los préstamos sólo estaban pendiente de rúbrica siguen adelante, aunque la casuística depende de cada cliente. ''Si decide no aceptar lo pactado [el pago por su parte del impuesto de AJD] se rompería el contrato.

Coste para la banca, de confirmarse, la nueva obligación tributaria que el Supremo ha impuesto a los bancos puede tener un coste estimado para el sector de alrededor de 800 millones de euros.

La mayor incertidumbre, no obstante, se refiere a la eventual retroactividad de la nueva doctrina y al impacto que podría tener sobre las entidades una avalancha de reclamaciones por parte de los clientes de los importes abonados por hipotecas pasadas. Algunos cálculos cifran en 4.000 millones el quebranto que podría producirse en el sector.

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