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Las obligaciones que esconde el nuevo registro de jornada laboral

Las obligaciones que esconde el nuevo registro de jornada laboral

El próximo día 12 de mayo entra en vigor la obligación para todas las empresas de registro diario de la jornada de trabajo individual de todos y cada uno sus trabajadores, ya se encuentren en la empresa o ya presten sus servicios fuera del centro de trabajo. Dicho control debe incluir la hora de inicio y de fin de la misma. Su incumplimiento se tipifica como una infracción laboral grave, sancionable con multa entre 626,00 y 6.250,00 Euros.

El objetivo es comprobar la jornada realmente efectuada por los trabajadores y la existencia de horas extraordinarias o complementarias.

Sin embargo, su aplicación puede derivar en otros incumplimientos laborales adicionales a los típicos de exceso de jornada, que, a su vez, pueden generar importantes sanciones para las empresas, como son:

  • Límite máximo diario de jornada.
  • Límite máximo semanal y anual.
  • Descansos entre jornadas.
  • Jornadas irregulares no establecidas en convenio.
  • Bolsas de horas no pactadas.
  • Modificaciones de jornada no reguladas.
  • Duración de vacaciones y periodos de disfrute.
  • Trabajo en domicilio del trabajador.
  • Incumplimiento de calendarios laborales.
  • Incumplimiento de obligaciones de cotización, en su caso.
  • Otros incumplimientos de obligaciones establecidas en el convenio colectivo aplicable, etc...


La empresa debe conservar los datos durante 4 años a disposición de los trabajadores, de los representantes de los trabajadores y de la Inspección de Trabajo.

Por lo que antes de implantar el sistema es necesario tener seguridad jurídica de todas las obligaciones que derivan de dicho cumplimiento normativo.

Por todo ello desde ofiasse assessors nos ponemos a su disposición para realizar una revisión total de la situación de su empresa y ayudarle en la implantación del sistema más adecuado que elimine los incumplimientos y las sanciones.

Novedades Renta 2018

Novedades Renta 2018

Obligados a declarar; Límite de 22.000€ para los contribuyentes con rendimientos del trabajo procedentes de un pagador o de dos o más pagadores siempre que el segundo y demás NO superen los 1.500€

El límite es de 12.643€ para los contribuyentes con rendimientos del trabajo procedentes de dos o más pagadores cuando el segundo y demás SI superen los 1.500€

Los contribuyentes con rentas inferiores a 16.825€ euros se beneficiarán de una reducción de su cuota, que será de 5.565€ euros anuales para quienes ingresan menos de 13.115€, y para quienes ganan entre 13.115€ y 16.825€, será de 5.565€ menos el resultado de multiplicar por 1.5 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 13.115€

Los ingresos correspondientes a las prestaciones de maternidad y paternidad cobrados en 2018 están exentos del pago de IRPF.

La deducción por maternidad se incrementa en 1.000 euros adicionales a los 1.200 euros anuales, cuando el contribuyente sufrague gastos de custodia en guardería o centros de educación infantil autorizados.

Los contribuyentes que inviertan en empresas de nueva creación podrán deducirse un 30 % de los importes, con una base máxima de deducción de 60.000€

Se incrementa la deducción por familia numerosa. El aumento es de 600 euros anuales (50 euros al mes) por cada hijo a partir del cuarto para la categoría general o del sexto para la categoría especial, pero en el ejercicio 2018 solo aplica de agosto a diciembre, con lo que la deducción máxima será de 250 euros.

Se establece una deducción por cónyuge con discapacidad a cargo. Los Presupuestos establecen una deducción de 1.200 euros anuales (100 euros al mes), que en 2018 solo se aplicará en los meses de agosto a diciembre, con lo que la deducción máxima será de 500 euros.

Se establece una deducción para los contribuyentes que tengan al resto de la unidad familiar en otro Estado de la Unión Europea, de manera que la cuota se equipare a la que tendrían si todos residieran en España.

A partir del día 2 de Mayo, se inicia el plazo para la presentación del IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2018, finalizando el próximo día 1 de Julio.

Aunque no estén obligado, si deberán presentar declaración, aquellos contribuyentes que quieran beneficiarse de la aplicación de las siguientes deducciones o reducciones:

  • Deducción por inversión en vivienda habitual (adquisición antes 2013)
  • Reducción por aportaciones a planes de pensiones o a mutualidades de previsión social
Para la confección de la declaración de la renta es preciso aportar:

CON CARACTER GENERAL

  • Datos personales de la unidad familiar; libro familia y NIF de todos los miembros. Certificado de minusvalía si es el caso.
  • Certificado de retribuciones de empresa/s donde se ha trabajado.
  • Si Vd. es pensionista: certificado de la Seguridad Social
  • Recibo de contribución de todas las viviendas de propiedad.
  • En caso de venta de vivienda: fecha de compra y valor escriturado y fecha de la venta y valor declarado.
  • En caso de compra de una vivienda: escritura de compra y gastos.
  • En caso de hipotecas: ''todos'' los recibos, o certificado anual.
  • Certificados bancarios. (rescates de seguros de vida, fondo de inversión, etc.)
  • Compras y ventas de acciones.
  • Aportaciones a Planes de Pensiones
TRABAJADORES AUTONOMOS

  • Pagos a cuenta IRPF, Mod. 130 o 131.
  • En caso de Baja de IT.: Certificado de INSS. ~ Seguros de mutualidades.
OTROS

  • Recibos de alquiler de vivienda, así como facturas de gastos o mejoras o inversiones efectuadas correspondientes al inmueble.
  • Recibos de donaciones.
  • Pensiones a hijos.
  • Deducción por maternidad para hijos menores de 3 años.
  • Deducción familia numerosa y discapacidad.
  • Facturas de obras de mejora en la vivienda habitual (ej.: obras para mejorar eficiencia energética, la higiene, energías renovables, etc)


Medidas de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo y protección social

Medidas de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo y protección social

El Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, introduce una serie de medidas en el ámbito laboral y de la Seguridad Social, entre las que destacan

I.- Reformas normativas dirigidas a regular el registro de jornada, como forma de combatir la precariedad laboral.

Se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para regular el registro de jornada, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada, con la finalidad de crear un marco de seguridad jurídica tanto para las personas trabajadoras como para las empresas y de posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

De forma directa sobre la obligación del registro de jornada, encontramos las siguientes novedades:

- El Gobierno, podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo y de los descansos, así como especialidades en las obligaciones de registro de jornada, para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran.

- La empresa ha de ''garantizar'' el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que pueda existir en la empresa.

- La organización y documentación del registro de jornada, ha de realizarse mediante:

- negociación colectiva

- acuerdo de empresa

- decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa

- Necesidad de conservar los registros durante cuatro años los registros de jornada efectuados.

- Necesidad de tener los registros a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

- Pasa a considerarse infracción grave en materia de relaciones laborales «La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores

Las nuevas obligaciones sobre el registro obligatorio de jornada, serán de aplicación a partir del 12 de mayo de 2019.

II.- Medidas de fomento del empleo indefinido

El nuevo real decreto-ley incluye diferentes medidas dirigidas a fomentar el empleo indefinido en determinados sectores de actividad y de personas desempleadas de larga duración. En este sentido:

1.- Conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en contratos indefinidos o contratos fijos-discontinuos.

- Se articula el «Plan de conversión de contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos» que incluye a los trabajadores fijos-discontinuos.

2.- Bonificación por la contratación laboral de personas desempleadas de larga duración.

- Se introduce una bonificación por la contratación laboral de personas desempleadas de larga duración. De esta manera, se pretende incentivar la contratación indefinida de personas desempleadas e inscritas en la oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación, mediante una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social.

Cuando estos contratos se concierten con mujeres, las bonificaciones indicadas serán de 125 euros/mes (1.500 euros/año) durante tres años.

Si el contrato se celebra a tiempo parcial las bonificaciones se disfrutarán de manera proporcional a la jornada de trabajo pactada en el contrato.

3.- Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.

- Se establece una medida de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.

III.- Medidas de protección social

Dentro de las medidas de protección social, se detallan las siguientes novedades:

1.- Subsidio por desempleo de mayores de 52 años.

Se modifica la regulación del subsidio por desempleo para mayores de 55 años en seis aspectos:

1. reducción de la edad de acceso de 55 a 52 años;

2. supresión del requisito de tener cumplida la edad de 52 años en el momento del hecho causante del subsidio, permitiendo el acceso cuando se cumpla esa edad.

3. incremento de su duración máxima, se percibirá hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación;

4. eliminación de la consideración de las rentas de la unidad familiar para el acceso al subsidio;

5. incremento de la cuantía de la cotización por la contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio del 100 al 125 por ciento del tope mínimo de cotización vigente en cada momento.

6. eliminación de los porcentajes aplicables a la cuantía del subsidio cuando proviene de un trabajo desarrollado a tiempo parcial.

Las modificaciones relativas al subsidio se aplicarán a los derechos que nazcan a partir del 13 de marzo de 2019

2.- Prestaciones familiares de la Seguridad Social.

La cuantía de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, así como el importe del límite de ingresos para el acceso a las mismas, serán los siguientes:

1. La cuantía de la asignación económica establecida en el artículo 353.1 será en cómputo anual de 341 euros.

2. Los límites de ingresos para tener derecho a la asignación económica por hijo o menor a cargo, a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo 352.1.c), quedan fijados en 12.313,00 euros anuales y, si se trata de familias numerosas, en 18.532,00 euros, incrementándose en 3.002 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, este incluido.

3. Sin perjuicio de lo anterior, la cuantía de la asignación económica establecida en el artículo 353.1 será en cómputo anual de 588 euros en los casos en que los ingresos del hogar sean inferiores.

3.- Cuantías mínimas de las pensiones de incapacidad permanente total. Durante el año 2019 las cuantías mínimas de las pensiones de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común para menores de sesenta años del sistema de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, se mejoran en 6.930€ año sin cónyuge a cargo y de 6991.60€ año con cónyuge a cargo.

Novedades en los Autónomos 2019

Novedades en los Autónomos 2019

Con el inicio del nuevo año, han entrado en vigor diferentes cambios en la Ley de Autónomos. Estas modificaciones son una mejora en las condiciones de los trabajadores por cuenta propia.

¿Cuales son las novedades en la Ley de Autónomos en 2019?

Desde el 1 de enero de 2019, los trabajadores autónomos pagan 5,35 euros más en su cuota mensual. Esta subida contempla la mejora de las condiciones para los trabajadores por cuenta propia. Entre estas novedades encontramos las siguientes:

En cuanto a la tarifa plana actual de 50 euros al mes, esta sube hasta los 60 euros al mes, manteniéndose tras los 12 primeros meses las bonificaciones posteriores actuales de la tarifa plana.

  • La tarifa plana actual de 50 euros al mes, esta sube hasta los 60 euros al mes, manteniéndose tras los 12 primeros meses las bonificaciones posteriores actuales de la tarifa plana.
  • Derecho a cobrar prestación por desempleo.
  • Derecho a cobrar la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja.
  • Los autónomos no tendrán que pagar la cuota de Seguridad Social a partir del segundo mes de baja por enfermedad o incapacidad temporal hasta el momento del alta.
  • Acceso a formación continua y reciclaje profesional.
  • Las autónomas que han disfrutado de su baja por maternidad podrán optar por una tarifa plana de 60 euros durante 12 meses.
  • Aumento de las pensiones de entre el 1,6% y el 3% para las pensiones mínimas y no contributivas con una vinculación de los incrementos al Índice de Precio de Consumo.
Asimismo, con esta modificación se endurecen las sanciones a los falsos autónomos considerándose infracción grave y podrá conllevar multas de entre 3.126 euros de mínimo y 10.000 euros de máximo a las empresas que tengan trabajadores en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) debiendo estar en el Régimen General.

Modificaciones a la Ley de Arrendamientos Urbanos

Modificaciones a la Ley de Arrendamientos Urbanos

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que modifica, junto con otras normas, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

La nueva revisión, tiene como objetivo fortalecer los derechos del inquilino para hacer frente al incremento de los precios y la escasez de oferta de viviendas a precios asequibles. Sin embargo, la norma no ha incluido finalmente ninguna medida para limitar legalmente el precio del alquiler.

Duración máxima

La LAU regula en su artículo 9 el plazo mínimo de duración de los arrendamientos. La nueva regulación modifica este plazo mínimo, ampliándolo de tres a 5 años, o 7 años si el arrendador es una persona jurídica. Por tanto, el plazo legal mínimo en que el inquilino puede continuar en la vivienda se amplía.

Prórroga tácita

El artículo 10, relativo a la prórroga del contrato tras su vencimiento, también es objeto de modificación. Hasta ahora, si llegaba la fecha de vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas -hasta los 3 años máximo- y ni el casero ni el inquilino hubiesen notificado al otro su voluntad de no renovar el contrato, este se prorrogaba por un año más. A partir de ahora, el plazo de prórroga tácita será de 3 años.

Desistimiento

Siempre que hayan transcurrido al menos seis meses de contrato, el inquilino podrá desistir del contrato, bajo condición de que lo comunique al arrendador con un plazo mínimo de un mes. Podrá establecerse en el contrato una indemnización a favor del arrendador por este concepto de una mensualidad de renta por año de contrato que reste por cumplir.

Fianza

Para acabar con los abusos en materia de exigencia de fianza por parte de los arrendadores, El Real Decreto Ley aprobado limita estas garantías adicionales hasta un máximo de 2 mensualidades, salvo que se trate de contratos de larga duración.

Obras de mejora

También se prevé que inquilino y casero puedan llegar a acuerdos para mejorar o renovar la vivienda durante el tiempo que dure el arrendamiento. En este punto habrá que esperar a la publicación del Real Decreto Ley para ver exactamente en qué consiste la modificación de la actual LAU.

Gastos

La norma aprobada por el Gobierno establece expresamente también que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato, sea a cargo del arrendador cuando se trate de persona jurídica (empresa o sociedad), salvo los gastos que sean iniciativa directa del arrendatario.

Pisos turísticos

La norma también tiene previstas una serie de medidas encaminadas a la regulación del alquiler turístico, remitiendo a la normativa que resulte aplicable. En este tema también tendremos que esperar a la publicación para saber los detalles concretos.
Una cuestión de gran importancia que también trata la norma aprobada, es la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios puedan adoptar acuerdos por mayoría de 3 quintas partes de los propietarios, para limitar o condicionar el ejercicio de la actividad de alquiler turístico de vivienda.

Desahucios

El Real Decreto Ley establece la posibilidad de suspender los desahucios de vivienda cuando la Administración aprecie que existen indicios de una situación de vulnerabilidad. Así, cuando se requiera de pago al inquilino la norma obliga a que se le informe de la posibilidad de acudir a los Servicios Sociales, y si la Administración considera que esta situación se da, deberá notificarlo inmediatamente al Juzgado, que suspenderá el desahucio hasta que se tomen las medidas que dichos Servicios Sociales consideren oportunas.
Esta suspensión durará un mes si el arrendador es persona física, o dos meses si se trata de persona jurídica. Adoptadas las medidas, se alzará la suspensión, continuando el procedimiento.

Rebajas de impuestos

En el área fiscal, la norma establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente, con el fin de reducir las cargas fiscales que conlleva el mercado del alquiler.

La norma introduce además en la Ley de Haciendas Locales la definición de ''inmueble desocupado con carácter permanente'' a efectos de aplicar un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Los Ayuntamientos podrán así exigir un recargo a los propietarios de hasta el 50 por ciento de la cuota del impuesto.

Jubilación Activa del Autónomo

Jubilación Activa del Autónomo

El artículo 2 del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, especifica las condiciones que debe cumplir el trabajador AUTÓNOMO para acogerse a la jubilación activa:

  • Haber cumplido la edad de jubilación legalmente establecida y los años exigidos en cada momento. En 2018 hablamos de 65 años y 6 meses y 36 años y 6 meses mínimos de cotización.
  • Realizar un trabajo de manera paralela al cobro de la pensión.
  • El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión causada ha de alcanzar el 100%.

Conviene mirar la letra pequeña de los requisitos de la jubilación activa ya que quedan excluidos de la misma las jubilaciones anticipadas.

El porcentaje a percibir por la jubilación activa, será del 50% de su pensión y puede llegar al 100% siempre que el trabajador autónomo tenga al menos contratado un trabajador por cuenta ajena.

Esta normativa, NO ES DE APLICACIÓN al autónomo societario.

Cotización de la jubilación activa del autónomo: cuota de solidaridad

En el supuesto de que se cumplan TODOS los requisitos, el trabajador autónomo podrá optar a una jubilación activa, pero para ello, deberá seguir abonando la cuota resultante de la cotización al 11.3% de su base de cotización.

Gastos que se puede deducir el autónomo que trabaja desde casa

Gastos que se puede deducir el autónomo que trabaja desde casa

De acuerdo con la nueva redacción dada al artículo 30.2.5ª.b) de la LIRPF por la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, a partir del 1 de enero de 2018, aquellos contribuyentes del impuesto que afecten parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de una actividad económica, podrán deducirse como gasto (para la determinación del rendimiento neto de la actividad en estimación directa) los suministros de dicha vivienda, tales como agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, en el porcentaje resultante de aplicar el 30 por ciento a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior.

En este sentido, a partir de 2018 se deberá de distinguir:

Gastos derivados de la titularidad de la vivienda. ‐ Amortizaciones, Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), comunidad de propietarios, etc., resultarán deducibles en proporción a la parte de la vivienda afectada al desarrollo de la actividad y a su porcentaje de titularidad en el inmueble.

Suministros. - Agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, etc., deben imputarse a la actividad en proporción a la parte de dichos gastos que quede acreditado que está correlacionada con los ingresos de la actividad, que ante la dificultad para ser determinada se establece en un porcentaje fijo del 30% aplicable a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior.

EJEMPLO

El Sr. X, dado de alta como economista y contribuyente del IRPF en el método de estimación directa simplificada, habilita en su vivienda habitual un despacho para el desarrollo de su actividad profesional.

La vivienda del Sr. X, adquirida en régimen de gananciales con su esposa, tiene una superficie total de 150 metros cuadrados y el despacho afectado a la actividad empresarial 30 metros cuadrados. Fue adquirida por 400.000 euros en el ejercicio 2016 (sabiendo que el 60% corresponde al valor de la edificación).

Durante el ejercicio 2018, la vivienda ha tenido los siguientes gastos:

Luz: 1.500 Euros.
Agua: 800 Euros.
Gas: 2.800 Euros.
Telefonía e internet: 1.200 Euros.
IBI: 800 Euros.
Comunidad de Propietarios: 1.600 Euros

Qué cuantía, de los gastos relacionados, podrá imputarse como gasto deducible el Sr. X en su liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

SOLUCIÓN

Al estar parte de la vivienda afecta a la actividad económica (30 metros cuadrados), hecho que hemos de suponer ha sido comunicado adecuadamente en la correspondiente declaración censal, habremos de distinguir entre:

Gastos derivados de la propiedad de la vivienda: (podrá imputarse (30 m2 / 150 m2) x 100 = 20%)

IBI: (800 Euros x 20%) = 160 Euros.
Comunidad de Propietarios: (1.600 Euros x 20%) = 320 Euros.
Amortización Despacho: (400.000 x 60% x 3% x 20%) = 1.440 Euros.

Otros Gastos

Gastos por suministros: (podrá imputarse (30 m2 / 150 m2) x 100 = 20% x 30% = 6%)
Luz: (1.500 Euros x 20% x 30%) = 90 Euros.
Agua: (800 Euros x 20% x 30%) = 48 Euros.
Gas: (2.800 x 20% x 30%) = 168 Euros.
Telefonía e internet: (1.200 x 20% x 30%) = 72 Euros.
TOTAL GASTOS: 2.298 Euros.


Préstamos a tipo cero de interés

Préstamos a tipo cero de interés

Ya sea para realizar una inversión o para sufragar gastos es habitual sobre todo en el entorno cercano de familia y amigos la realización de préstamos bajo cuerda sin exigir una contraprestación por ello, más allá del pacto de devolver lo prestado. Actuación que en la mayoría de los casos genera incertidumbre en cuanto a su formalización y tributación.

¿Es legal prestar dinero sin intereses?

Para empezar, en lo que se refiere a préstamos entre particulares, el artículo 1740 del código civil estipula que el simple préstamo puede ser gratuito o con pacto de pagar interés, por lo que no es ilegal formalizar un préstamo a tipo cero de interés. Sin embargo, la normativa tributaria no se expresa en los mismos términos por lo que la problemática de este tipo de préstamos se presenta desde el punto de vista de su fiscalidad.

Por el contrario, si quien interviene en el préstamo es una sociedad o un autónomo o profesional en lo que a su actividad económica se refiere, Hacienda no admite los préstamos a tipo de interés cero. Normalmente se tratará de operaciones vinculadas por tratarse de socios o familiares de éstos, que deben valorarse a precios de mercado, por lo que se considerará que se ha cobrado al menos el interés legal del dinero.

¿Cuál es la fiscalidad de un préstamo a tipo cero?

La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece en su artículo 6.5. que se presumirán retribuidas, salvo prueba en contrario, las prestaciones de bienes, derechos o servicios susceptibles de generar rendimientos del trabajo o del capital, estableciendo además el artículo 40 que la valoración de estas rentas se efectuaría por el valor normal de mercado, que para operaciones de préstamo sería el tipo de interés legal del dinero.

Por tanto para evitar requerimientos de Hacienda debemos poder probar la gratuidad del préstamo.

¿Cómo se debe formalizar el préstamo sin intereses?

Para ello lo primero será documentar el préstamo, ya sea mediante documento público ante notario, con el coste que conlleva, o a través de documento privado, indicando la fecha y el lugar del contrato, las partes intervinientes, el importe del préstamo, el plazo de devolución y los intereses de la operación, en este caso cero. Además debe registrar el contrato de préstamo y liquidar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) a través del modelo 600, en la oficina liquidadora de la Comunidad Autónoma correspondiente. Al tratarse de un préstamo entre particulares se está exento de pago pero no por ello debe olvidarse este trámite, que debemos llevar a cabo en el plazo de un mes desde la fecha de realización del contrato.

¿Cómo se justifica que el préstamo es gratuito?

Documentando y registrando el contrato de préstamo probamos el origen del dinero pero no sería suficiente para librarnos de tributar por él ya que si además de esto no justificamos la devolución del mismo se consideraría una donación o liberalidad, lo que implicaría aplicar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). Para justificar su devolución bastaría conservar los extractos del banco donde se comprueben las devoluciones realizadas.

Debemos remarcar que hablamos de préstamos entre particulares y no entre familiares porque aunque en muchos sitios se establece que esta modalidad de préstamos gratis sólo está permitida por el parentesco, incluso algunos cerrando el círculo aun más a la relación entre padres e hijos, en realidad no es así, como puede verse en la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos V4992-16 del 17/11/2016.

El presidente del Supremo reúne a los magistrados que dictaron la sentencia sobre las hipotecas

El presidente del Supremo reúne a los magistrados que dictaron la sentencia sobre las hipotecas

El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia en la que reconoce que el banco debe pagar todos los gastos derivados de la firma de la hipoteca. O sea la notaría, la gestoría, la tasación, el registro de la propiedad y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD).

Si el banco lo asume todo debe devolver una media de 3.000 € a cada cliente. La cantidad dependerá de cuánto pagaras en su momento, lo que a su vez depende de cuánto dinero te prestaron. No conlleva los mismos gastos abrir un préstamo de 50.000 € que de 180.000 €.

Pero, esto no acabará así, los bancos han presionado, y de momento se reunirá el Pleno del Tribunal Supremo que en unos días decidirá si se confirma el cambio de criterio sobre el pago del impuesto de las hipotecas dado a conocer el pasado jueves y que establece que es el banco y no el cliente el que debe abonar ese tributo.

Las entidades mantienen en revisión su oferta hipotecaria a la espera de que se clarifique la incertidumbre. Hay un Freno hipotecario. Mientras se clarifica el escenario y se aclara el alcance del fallo, las entidades financieras, mantienen en stand by la actividad hipotecaria. Como ya sucediera el pasado viernes, los principales bancos prologan la suspensión temporal de sus oferta de hipotecas.

Fuentes del sector financiero reconocen que el giro en la jurisprudencia del impuesto está frenando la firma de nuevas hipotecas. Los préstamos sólo estaban pendiente de rúbrica siguen adelante, aunque la casuística depende de cada cliente. ''Si decide no aceptar lo pactado [el pago por su parte del impuesto de AJD] se rompería el contrato.

Coste para la banca, de confirmarse, la nueva obligación tributaria que el Supremo ha impuesto a los bancos puede tener un coste estimado para el sector de alrededor de 800 millones de euros.

La mayor incertidumbre, no obstante, se refiere a la eventual retroactividad de la nueva doctrina y al impacto que podría tener sobre las entidades una avalancha de reclamaciones por parte de los clientes de los importes abonados por hipotecas pasadas. Algunos cálculos cifran en 4.000 millones el quebranto que podría producirse en el sector.

Reclamació de l’IRPF de la prestació per Maternitat

Reclamació de l’IRPF de la prestació per Maternitat

El Tribunal Suprem va dictar que les prestacions per maternitat no tinguessin que pagar IRPF en contra del criteri de l’Agencia Tributaria, l’exempció tindrà quasi 1,1 milions de afectats.
A partir d’ara, l’ Agencia Tributaria tindrà habilitada una eina informàtica la seva pàgina web y el formulari estarà disponible també en totes les oficines d’Hisenda.
L’eina, ''calcularà a cada contribuent la quantia de la devolució devolució i haurà que acordar amb la Seguridad Social que el INSS desglossi la informació corresponent a la prestació''.
Després de reomplir el formulari tots els afectats ''deuran rebre una notificació, via SMS o per correu'', que els faciliti l’accés al seu càlcul i els hi doni l'opció de que puguin confirmar la rectificació de la seva declaració i sol·licitar la devolució.
Les declaracions afectades son les presentades a partir de 2014. I en el formulari es deuran indicar els anys en los que es va percebre la prestació i un número de compta bancaria on s’abonarà la devolució en el cas que procedeixi.
Però no tots els casos en que se hagin percebut prestacions por maternitat tindran dret a devolucions. Per exemple, les mares amb sous inferiors als 14.000 euros anuals pràcticament no es veuran beneficiades per absència de retencions a compte del IRPF.
En canvi, les que no van presentar declaració per no estar obligades, podran fer-ho ara de forma extemporània per rebre les devolucions.
Qualsevol dubte o aclaració al respecta, poden posar.se en contacte amb el nostre departament per a poder ajudar-los a tramitar dita reclamació

Llega el Desahucio Express de los Okupas

Llega el Desahucio Express de los Okupas

El día 12 de Junio se publicó en el BOE la Ley 5/2018, que entró en vigor en Julio, y que se ha dado en llamar como Ley de desahucio exprés contra los ''okupas''.

La ley establece expresamente que el interdicto de retener o recobrar la posesión se utilizará para pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se haya sido privado de ella sin consentimiento.

Podrán hacer uso de esta vía la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título de la vivienda.

La demanda debe ser formulada con abogado y procurador y a la misma se debe acompañar el título en que el actor funde su derecho a poseer (escritura de propiedad, contrato de alquiler,...).

Y para garantizar la agilidad del proceso se establece expresamente que cuando se trate de una demanda que solicite la recuperación de la posesión de una vivienda ocupada ilegalmente, la misma podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin necesidad de identificar de quiénes se trata. La notificación se realizará a quien en concreto se encuentre en el inmueble en el momento de realizar dicha notificación.

Para asegurar la eficacia de la notificación, la Ley señala que la notificación se hará a quien se encuentre habitando aquélla, pero establece también que podrá hacerse a los ignorados ocupantes de la vivienda.

Y como en estos casos de ocupación ilegal la práctica de la notificación puede ser problemática, se contempla que, para proceder a la identificación del receptor y demás ocupantes, quien realice el acto de comunicación podrá ir acompañado de los agentes de la autoridad.

Finalmente, si no se pudiera practicar la notificación, se procederá a fijar la cédula de citación o requerimiento en el tablón de anuncios de la oficina judicial.

En cuanto al desarrollo del procedimiento, si el demandante solicita la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, lo que es recomendable para evitar que el procedimiento se demore, en el decreto de admisión de la demanda se requerirá a los ocupantes para que aporten, en el plazo de cinco días desde la notificación de la demanda, el título que justifique su situación posesoria.

Si no se aporta justificación o esta es insuficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, siempre que el título aportado por el demandante en su demanda sea bastante para la acreditación de su derecho a poseer. Contra el auto que decida sobre el incidente no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda.

Finalmente, si el demandado no contesta a la demanda en el plazo legalmente previsto (10 días), se procederá de inmediato a dictar sentencia.

Y si contesta, la oposición del demandado solo podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor, es decir, demostrar que el actor no es propietario o poseedor legítimo de la vivienda.

La sentencia estimatoria de la demanda permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548 de la LEC; lo que acelerará el proceso para la efectiva recuperación de la vivienda.

Pero, debemos esperar a la aplicación práctica de la Ley porque, aunque los plazos de tramitación son muy cortos, es necesario saber si dichos plazos se cumplen realmente en los Juzgados.

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